Señor Iván Velásquez, comisionado de la CICIG:
Me dirijo a usted por este medio, para recordarle que en algunas ocasiones he aplaudido los éxitos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) encabezada por usted, cuando, en estrecha unión con la Fiscal General de la Nación y Jefa del Ministerio Público, la abogada Thelma Esperanza Aldana, han denunciado y apresado a personas y entidades involucradas en la corrupción y en la impunidad. Pero en el transcurso del tiempo ustedes han metido durante largo tiempo en cárceles supuestamente “preventivas” a numerosos de mis compatriotas, sin que se haya observado el principio de presunción de inocencia y sin que hayan sido oídos y vencidos en juicios de acuerdo al Estado de Derecho. Y la mayoría de ellos han estado en cárceles “preventivas” durante largo tiempo sin cumplir los plazos procesales. Sin embargo, era de esperarse que pronto iban a observar el mandato constitucional de aplicar la justicia pronta y cumplida. Pero ha sido lamentable que ustedes han venido combatiendo la corrupción y la impunidad violando la Constitución Política de la República y las leyes vigentes contenidas en los Códigos Procesal Civil y Penal. Y no han cumplido los plazos procesales constitucionales para abrir y juzgar esos casos.
Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín
Es más, todos los casos los han venido aplicando a la rama penal. Aun el obvio caso de chantaje político que, evidentemente, se ha venido ejerciendo contra el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, al haber capturado y sindicado de graves delitos penales, como el de lavado de dinero, cometido hace tres años (antes del actual gobierno) al señor Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del mandatario y de fraude continuado al joven José Manuel Morales Marroquín, hijo menor del presidente Morales que hace tres años aún era menor de edad.
Ha sido un duro revés para el Presidente de la República el hecho que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones haya enmendado la plana a la jueza Silvia de León, quien poco tiempo antes había eximido de algunos cargos al hermano del presidente Morales, quien ahora tendrá que ser juzgado en la rama penal por el grave delito de lavado de dinero al considerar que el Ministerio Público (MP), que actúa prácticamente bajo la supervisión de la CICIG, fundamentó las acusaciones de lavado de dinero en el caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad”. Así que un caso que debió ser mantenido en la rama civil, y no penal, porque ninguno de los dos lucró con esa operación que, de todas maneras, fue de muy poca monta. Pero cuando se publica en los medios que una persona está acusada de lavado de dinero, se piensa en el imaginario popular que se trata de una fuerte cantidad de dinero involucrada en el supuesto delito. Y según el artículo 4 del Decreto 67-2001, Ley contra el lavado de dinero, las personas responsables de ese grave delito (sin especificar monto) serán sancionadas de 6 a 20 años de prisión inconmutables, más una multa similar al valor de los bienes objetos del delito.
En este caso de corrupción en el que están involucrados dos personas muy cercanas al Presidente de la República, nada menos que su hermano mayor, Samuel Everardo y su hijo menor José Manuel, se convierte automáticamente en un caso político, y va a seguir desencadenando una polémica peligrosa, aunque hasta el momento siguen siendo solo indicios contra los sindicados y consistirá en la fortaleza de la parte acusadora la que determinará el fallo final. Pero todos debemos estar seguros de que al Presidente de la República no le está haciendo ninguna gracia, por lo que es indudable que usted y la Fiscal General no le son muy simpáticos que digamos. Y aunque usted, en su locura de arrogancia, pueda creerse más poderoso que el Presidente Constitucional de la República de Guatemala, libremente electo por varios millones de guatemaltecos, él es más poderoso que usted. No lo dude. Y no creo que el señor Jimmy Morales Cabrera vaya a ser tan blandengue de ceder ante las presiones nacionales y del mundo entero para que usted continúe en Guatemala encarcelando a tantos guatemaltecos aún violando la Constitución y los Códigos de Justicia.
En pocas palabras, señor Velásquez, a la CICIG y al MP se les ha pasado la mano. Se han convertido en una especie de “Santa Inquisición” y usted con Thelma Aldana, como personas, en émulos del nefasto fraile dominico español Tomás de Torquemada. Y si usted lo ve desde su punto de vista –un fiscal colombiano izquierdista, de triste trayectoria en su país, convertido en el Torquemada en Guatemala– podrá llenarle de satisfacción el hecho de haber encarcelado a tantos guatemaltecos y perjudicar la economía nacional, pero debe tomar en consideración que son mis compatriotas y que Guatemala es mi patria y me duele todo lo que le está pasando.
Estoy seguro de que usted y sus allegados de izquierda están felices porque la Organización de Naciones Unidas (ONU) le ha prorrogado su jugoso contrato por dos años más, pero no olvide que, como dice la canción americana “It takes two to tango”. Aunque la ONU haya prorrogado su contrato a usted, dependerá del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el prorrogar el convenio entre la ONU y el gobierno de Guatemala. Porque si el gobierno de Guatemala no quiere que continúe vigente el convenio firmado con la ONU para la creación de la CICIG firmado en nombre de Guatemala por dos izquierdistas, primero por Edgar Gutiérrez, canciller del gobierno de Alfonso Portillo y después por Eduardo Stein, en su calidad de Vicepresidente de l nefasto gobierno de Óscar Berger Perdomo, nada ni nadie podrá obligar a Guatemala a prorrogarlo. Porque Guatemala es un país relativamente libre y soberano, y a pesar de las exigencias de los Estados Unidos de América y de que nos amenacen con retirar la miseria que nos prometen para el llamado “Plan para la Prosperidad” para Triángulo Norte de Centroamérica, no estamos obligados a seguir soportando durante más tiempo la inquisición de la CICIG. Y no crea que yo pueda estar en forma alguna ligado con la corrupción o el narcotráfico.
Por eso le insto a que no se empecine en permanecer en Guatemala en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo guatemaltecos. Ya ha cobrado suficiente dinero como Comisionado de la CICIG. Ya es suficiente. Le aconsejo que se retire voluntariamente lo más pronto posible. Recuerde que a la fuerza ni los zapatos entran.
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